· 3 de cada 4 personas con discapacidad en América Latina se encuentran desempleadas
El trabajo no puede ser visto como un favor o un acto de caridad que pueda otorgarse de manera arbitraria o como una concesión graciosa, pues se trata de un derecho humano inherente a todas las mexicanas y mexicanos, por lo que el Partido Verde en el Senado de la República informó en conferencia de prensa que presentarán una iniciativa para facilitar el acceso al trabajo de 6.2 millones de personas con algún tipo de discapacidad y 1.6 millones de personas con problemas o alguna condición mental en México.
El senador Raúl Bolaños Cacho Cué, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde, aseguró que las personas con discapacidad son uno de los sectores sociales que más barreras y dificultades enfrentan para acceder a derechos básicos como la educación y el empleo en América Latina. Una muestra de lo anterior es que 3 de cada 4 personas con discapacidad en la región se encuentran desempleadas.
Acompañado por las senadoras Gabriela Benavides Cobos, Alejandra Lagunes Soto Ruiz y María Graciela Gaitán, dijo que su propuesta pretende reformar diversas leyes, entre ellas la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores.
Refirió que, aunque en el país hay diversos ordenamientos enfocados a este sector de la población, los apoyos e incentivos no han sido suficientes para garantizar la inclusión laboral de todas las personas con discapacidad en nuestro país, además de que existe una brecha de ingresos considerables entre las personas con discapacidad y las personas sin discapacidad, pues las primeras reciben por su trabajo el 66.5 por ciento de lo que ganan las segundas.
Por ello, plantearán en materia de Impuesto Sobre la Renta establecer que los patrones que empleen personas con discapacidad puedan obtener un estímulo fiscal consistente en el equivalente al doble del salario efectivamente pagado a las personas contratadas en esta condición.
"Los empleadores cuando contraten a una persona con discapacidad podrán acceder a los siguientes estímulos fiscales. El SAT les regresará el 200 por ciento del impuesto sobre la renta del salario otorgado si a una persona trabajadora le pagan mil, el SAT podrá regresarles 600, no pagarán las cuotas de seguridad social y vivienda y el gobierno deberá de absorber el pago", expresó.
Por lo que finalmente comentó que con la propuesta buscan que se cumpla con el artículo 11 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que establece que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social debe de promover el derecho al trabajo y empleo en igualdad de oportunidades y en equidad para que las personas con alguna discapacidad puedan acceder al trabajo de manera normal como todas las y los mexicanos.
Y con ello contribuir a la eliminación de las barreras estructurales que afectan a las personas con discapacidad y les impiden, no sólo el ejercicio de sus derechos, sino también realizarse y desarrollarse plenamente.
